Los elementos que deberían mantenerse en la Carta Magna, como los efectos que podría generar el proyecto de royalty minero que se discute en el Congreso, fueron algunos de los tópicos que se abordaron en el seminario organizado por Cesco.
En el marco del seminario “Institucionalidad de la minería chilena en el contexto internacional”, que se realizó durante Cesco Week Santiago 2021, se llevó a cabo un panel de conversación, en el que se dialogó respecto al momento que actualmente vive el sector en materia normativa.
En la instancia, Pilar Hazbún, abogada y coordinadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, destacó que un marco jurídico robusto que tiene en cuenta las características especiales de este sector “ha permitido en gran parte el desarrollo que ha alcanzado la actividad minera en Chile”.
En esa línea, expresó que “la certeza jurídica y la estabilidad de las reglas del juego son sin duda factores elementales para atraer la inversión, pues se trata de una actividad económica de riesgo, que conlleva inversiones de largo plazo y son altamente intensivas en capital”.
En ese contexto, estimó que se debería mantener la regulación constitucional vigente, en especial lo referido a: un sistema de concesiones constituidas por vía judicial; la protección del derecho de propiedad de los concesionarios sobre sus títulos; y el régimen de amparo vía patentes.
Además, hizo hincapié en la relevancia de una regulación ambiental compatible con el desarrollo sostenible; y normas tributarias que tengan un equilibrio entre la competitividad del sector y los beneficios esperados para el país.
Por su parte, Ben Jones, Managing Consultant en CRU, expresó que Chile ha sido un pionero en orientar sus regímenes a la creación de incentivos a la inversión, haciendo hincapié en la importancia de sensibilizar respecto al desempeño de los regímenes tributarios, considerando por ejemplo los vaivenes de precios.
“Tal vez no sea el momento para una reforma tributaria”, indicó el experto, aludiendo al hecho que se requiere un detallado análisis, que considere por ejemplo estudiar cómo se comporta la base tributaria respecto a cualquier cambio en la normativa.
Renta minera y desarrollo
La actividad contó además con la participación de Claudia Sanhueza, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, quien abordó la discusión respecto a cuánto se ha visto beneficiado el Estado por la actividad minera, en circunstancias de que se está discutiendo en el Congreso un proyecto de royalty minero.
La especialista estimó que no debería haber un cambio tan radical en la nueva Constitución, considerando que no ha habido mayores modificaciones en las reformas previas. Aunque advirtió que es posible esperar mayores regulaciones en materia medio ambiental, implicando nuevos desafíos en la operación de los yacimientos.
Su visión fue complementada por Juan Ignacio Guzmán, académico y gerente general de GEM, Gestión y Economía Minera, y miembro de Cesco. El experto expresó que es importante analizar la contribución que ha realizado la minería al país, en términos económicos, sociales y ambientales, con miras a comprender si ésta puede ser mayor, y cómo lograrlo.
“Una Constitución no puede estar basada en la coyuntura actual, sino que pensando en el futuro”, agregó, aludiendo al impacto que tendría un mayor royalty minero en el nivel de recaudación fiscal como en el dinamismo en el sector productivo.
Mientras que Rodrigo Valdés, académico UC y ex ministro de Hacienda, estimó que los peligros de cambios radicales en materia minera en la nueva Constitución son muy bajos, considerando cómo se abordado la normativa relativa al sector en las diferentes cartas magnas que ha tenido el país
Por otra parte, analizando la tramitación que se realiza en el Congreso del proyecto de royalty minero, aseguró que “necesitamos seguir construyendo un diagnóstico compartido, para lo cual es necesario transparencia”, destacando en ese ámbito la gestión que ha realizado el Consejo Minero, con la elaboración de su plataforma tributaria, y advirtiendo que “el Estado está al debe en transparencia”.
Fuente:MCh.