Para esto último la normativa establece que los municipios deberán dictar ordenanzas donde autorizarán la instalación de ambulantes.
Este permiso municipal deberá considerar un sistema único de identificación personal, con registro fotográfico de la persona autorizada. «Esto favorecerá a los pequeños comerciantes y a todos quienes vivan o transiten por donde se practica el comercio ilegal, que son focos de delincuencia (…) Los chilenos se merecen y necesitan vivir con mayor paz y seguridad», dijo el Presidente.
En la tramitación los parlamentarios coincidieron en que la nueva normativa priorizara la persecución del crimen organizado que está detrás de la actividad, más que al vendedor.
Para facilitar el desbaratamiento le permite al Ministerio Público, con autorización del tribunal de garantía, utilizar la técnica de «entrega vigilada». Ésta consiste en que ante la sospecha de una asociación ilícita, el juzgado puede autorizar que los productos ilícitos se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del territorio nacional o hasta fuera de él, con la finalidad de identificar a quienes participan de esta red, a fin de detenerlas.
La norma otorga mayores facultades de fiscalización a las policías, fiscalizadores municipales y del Servicio de Impuestos Internos.
Dentro de las facultades se incluye el decomiso de los bienes, que de ser «elementos perecibles serán distribuidos entre los establecimientos de caridad o asistencia de la comuna respectiva, según lo establezcan las ordenanzas municipales».
Las nuevas multas por participar de este comercio subirán desde las 0,5 UTM actuales hasta las 10 UTM, es decir, más de 578 mil pesos; y se endurecen los castigos tributarios por la evasión de impuestos, entre otras sanciones.