Esta norma debe ser votada en particular para ser revisada o modificada y pasar al Pleno, donde debe contar con 2/3 del quórum.
En el contexto del sistema del agua en el país, durante la tarde de ayer fue aprobada en general por la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, una norma que caducaría todos los derechos de aprovechamiento de agua que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas de 1981.
La iniciativa impulsada por Victorino Atilef, Francisca Linconao, Isabel Godoy, entre otros constituyentes, pasó por la votación en general. Sin embargo, esta debe ser votada en particular para ser revisada o modificada y pasar al Pleno, donde debe contar con 2/3 del quórum.
Al respecto, la norma propone que “no serán indemnizados los que teniendo derechos de aprovechamiento los hayan utilizado para los siguientes fines: minería, agroindustria, forestales, sanitarias y cualquier otro uso a escala industrial que involucre el uso intensivo de agua”.
¿Qué pasaría con las nuevas licencias?
De acuerdo con lo que describe el texto, con esta norma se podrían entregar licencias para uso y aprovechamiento racional del agua, si es que están asociadas a usos específicos, temporales y que cuenten con un caudal mínimo para mantener los ecosistemas, así como los medios de subsistencia y bienestar de las comunidades.
Ademá, se postula que las licencia serían “modificables, revocables o extinguibles por la autoridad respectiva, según la suficiencia del caudal o fuente de donde se extrae la seguridad hídrica para el consumo humano o cualquier otra razón de interés general”.
Asimismo, las comunidades, naciones y pueblos preexistentes que habiten los territorios deberían participar en todas las instancias de gestión de las aguas. Además, se establece que el agua no podría ser objeto de apropiación privada.